El 9 de mayo de 2012 ha sido aprobada en Chile la Ley Contra la Discriminación que, en principio, pretendía tener un alcance mucho más amplio del que finalmente ha obtenido, al pretender crear una institucionalidad para fomentar la vigencia del principio de igualdad en las distintas interacciones sociales, y que comprendía la creación de un instituto destinado al fortalecimiento de la igualdad y la adopción de medidas de acción afirmativas, para eliminar cualquier rasgo de discriminación.
El proyecto finalmente ha quedado siendo una iniciativa legal destinada a sancionar judicialmente los actos arbitrarios de discriminación que sufra cualquier persona, protegiendo especialmente a aquellos que históricamente han sido víctimas de estos actos, entre los que podemos mencionar a las minorías étnicas; los inmigrantes y emigrantes; las personas socioeconómicamente vulnerables; las personas de determinada ideología, opinión política, religión o creencia; las agrupaciones gremiales; o los discriminados por sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.
Es, sin duda, una muy buena noticia la aprobación de esta ley, cuyo proceso se ha visto agilizado en el Parlamento tras el asesinato brutal del joven Daniel Zamudio, supuestamente a manos de un grupo neonazi debido a su orientación sexual. Es una buena noticia en cualquier país que se dé, en tanto que fomenta la igualdad entre las personas, pero quizá sea especialmente buena en Chile, donde existe una indudable discriminación de ciertos grupos sociales que, a veces, llega a incluir actos de violencia.
Además, este proyecto reconoce la existencia de las diferentes formas de vida, y las defiende, lo que refuerza el pluralismo y hace que la sociedad tenga más facilidad para aceptar a cualquiera en un país en el que la normativa es claramente insuficiente y, su aplicación, insatisfactoria.
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